En septiembre de 2009, la Junta de Andalucía anunció a bombo y platillo que todos los alumnos de quinto y sexto de Primaria de los centros públicos y concertados de Andalucía dispondrían gratuitamente de ordenadores portátiles para el curso que comenzaba. Nada menos que 173.595 alumnos tendrían una mochila con su computadora a partir de enero. Además, la Junta iba a regalar portátiles a cerca de 17.000 maestros dentro del programa Escuela 2.0 del gobierno Zapatero que se sumaba a las pizarras digitales. Esto es, el regalo consistía en más de 190.000 ordenadores portátiles cuyo precio era de aproximadamente 300 euros. Su costo pues ascendía a 57 millones de euros. Ahora, la Junta ha lamentado la suspensión de la entrega de ordenadores portátiles a los alumnos a partir de 5º de Primaria para el próximo curso pero, por ejemplo, no ha propuesto otros recortes para evitarlo. Por ejemplo, no ha recortado siquiera los coches oficiales a pesar del paripé ensayado al anunciar su supuesta reducción. Ilustración de Canalsú.

En 2011, ya había 300.000 ordenadores portátiles y 9.551 pizarras electrónicas repartidos gratuitamente a 270.000 alumnos y 30.000 docentes de los centros públicos y concertados. Para la propaganda oficial, casi un tercio de los alumnos de Primaria y ESO de Andalucía tienen ya este portátil en sus manos. Su costo se acercaba progresivamente a los 100 millones de euros. La Junta, que sigue teniendo la titularidad de los portátiles, anunció que los alumnos podían quedarse con los aparatos cuando terminasen sus estudios, bien de forma gratuita o pagando un precio simbólico.

El reparto gratuito de los 300.000 portátiles fue considerado una locura demagógica por muchos. Por una parte, unos alumnos necesitaban tal herramienta educativa mientras que otros tenían ya en su familia ordenadores. Luego, no se tenían en cuenta las reparaciones. Tampoco se especificó el control ni el inventario de estos aparatos. No es de extrañar que muchos de estos portátiles, por una razones u otras, se hayan vendido en los mercados negros y mercadillos existentes en Andalucía. De hecho, fue la propia consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, quien en 2010 ya advirtió que en el mercadillo de Málaga se vendían estos portátiles por 50 euros.

Lo cierto es que no se disponía en los centros escolares de ningún tipo de inventario y que, en muchos casos no se conocía ni se conoce el estado de los equipos entregados. Todavía es posible comprobaar un mercado de reparaciones de estos portátiles en Ebay u otras páginas de compra y venta.

Ahora, incluso Comisiones Obreras de Cádiz reconoció ayer que tales portátiles "se debieron repartir según las posibilidades económicas de los alumnos" y que los portátiles "son una herramienta fundamental y deberían seguir entregándose, pero es mucho más importante mantener el empleo, la ratio o los horarios de los profesores". Recuerda el sindicato USTEA que a su organización "siempre" le pareció "mal" el "despilfarro" en el reparto de portátiles. "Los ordenadores debieron entregarse a los colegios y no a los alumnos, para que se pudieran utilizar cada año. Ahora todos los alumnos podría tener los ordenadores y evitarse que los que entran en 5º sufran el agravio comparativo y discriminatorio con los anteriores alumnos", dijo José Andrade, responsable de Organización en la provincia de Cádiz . Por su parte Carmen Sierra, presidenta provincial de Enseñanza de CSI-F, estimó que "cualquier recorte en educación es un paso atrás, pero entendemos también que hay que priorizar y reorganizar. Los ordenadores se debieron repartir a las familias con más necesidades".

No obstante, la consejera de Educación andaluza, Mar Moreno, conocedora de la críticas suscitadas por los portátiles gratuitos, ha criticado la supresión del programa Escuela 2.0, que supone la eliminación de los ordenadores portátiles con conexión a internet para los escolares culpando al gobierno de Mariano Rajoy. "Rajoy ha quitado directamente los ordenadores portátiles para los niños, es un atraso, nos devuelve a la escuela antigua, con menos desarrollo tecnológico, más desigual y con más brecha tecnológica", dijo Moreno al término de la Conferencia Sectorial celebrada hace una semana en Madrid sin examinar qué otros recortes eran posibles antes de proceder a la eliminación de los portátiles.

La "reducción" de los coches oficiales o los milagros del lenguaje trampa

El anuncio ha sido que se iban a ahorrar tres millones de euros al año con la reducción de los vehículos oficiales de los altos cargos de los 160 vehículos hasta menos de 40. Esto es, la Junta propagaba que desde ahora sólo iban a disfrutar de coche y chófer oficial los miembros del Consejo de Gobierno andaluz (el presidente de la Junta y sus consejeros) y los viceconsejeros y asimilados.

Pero en realidad los vehículos oficiales de la Junta van a seguir siendo 160, con los mismos costes y con el mismo servicio que antes. En realidad, el resto de los vehículos quedan a disposición de los demáas altos cargos porque no se vendereá ni un solo coche ni se reduce la plantilla de conductores. El único ahorro específico que podría producirse sería en gasolina.

Recorte del suelo para altos cargos

Según El Mundo, la Junta tampoco ha renunciado a pagar hasta los 1.900 euros mensuales a sus altos cargos si se desplazan a más de 60 kilómtros de su domicilio habitual.

Tras la bajada de las retribuciones a los altos cargos (presidente del Ejecutivo andaluz, consejeros y asimilados), a quienes se les ha restado un 7,5% de su salario en el último corte, ahora se ha aprobado el límite para los directivos del sector público que será el equivalente al salario anual de los viceconsejeros: 59.554 euros —contando todos los conceptos dinerarios y en especie, salvo la antigüedad— si la empresa cuenta con un presupuesto superior a los 100 millones de euros o plantillas de más de 500 trabajadores.

Si el presupuesto supera los 50 millones o tiene 50 trabajadores, el sueldo directivo será el de un director general (50.000 euros); y si es de cinco millones o 10 empleados, la paga será la misma que subdirectores o coordinadores generales. El resto del personal directivo no sujeto a convenio colectivo en ningún caso podrá percibir una retribución superior a los de máximo nivel.

José Antonio Griñán, cuyo salario ha pasado de 81.155 euros anuales en 2009 a 63. 808, verá por fin cómo el director general de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), Pablo Carrasco, que actualmente percibe en torno a los 124.000 euros al año —60.200 más que Griñán—, (en 2009 rebasó los 139.300 euros) se ajusta a la norma restrictiva aunque hay quien duda de que finalmente el recorte llegue al director de la RTVA. De momento conserva coche oficial y chófer.

VER FUENTE ORIGINAL DE LA NOTICIA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*